El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) ha emitido una regla final que tiene como objetivo garantizar que los envíos de boletas federales salientes cumplan con requisitos específicos de sobre y reporte de datos. Esta decisión podría implementarse de inmediato, pero está sujeta a la condición de que el gobierno logre obtener alivio de dos órdenes judiciales que actualmente impiden su aplicación. Según la nueva regla, los empleados del USPS deberán verificar que las boletas recibidas de funcionarios electorales cumplen con estos nuevos lineamientos antes de ser aceptadas para el envío.
La regla se establece en cumplimento de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, emitida el 31 de marzo, que instruye al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración de la Seguridad Social a compilar listas de ciudadanos adultos en cada estado y a crear registros de aquellos a quienes se les envían boletas por correo. La medida ha suscitado controversia, ya que muchos argumentan que el presidente no tiene la autoridad para dictar cómo se llevan a cabo las elecciones en los estados, un poder reservado para las entidades estatales según lo dispuesto en la Constitución.
Dos órdenes judiciales han bloqueado la implementación de esta regla. En junio, la juez del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Indira Talwani, falló a favor de una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia que exigieron la suspensión de la orden ejecutiva de Trump, considerando que varias de sus secciones eran ilegales. Posteriormente, en agosto, otra orden judicial complementó esta prohibición, advirtiendo que dicha regla podría privar a votantes elegibles de su derecho a votar, y creando un entorno de caos y desconfianza electoral en un momento crítico.
Desde la perspectiva de los críticos, esta acción demuestra una intención de la Administración Trump de implementar una supervisión federal sobre las prácticas electorales, algo que podría alterar el proceso electoral tradicional. Organizaciones de derechos de voto han expresado su preocupación, argumentando que la regla final transforma a USPS, históricamente un transportista neutral, en un evaluador de la validez de las boletas, lo que podría llevar a una erosión de la confianza en las elecciones. A pesar de estas críticas, el USPS argumenta que su nuevo conjunto de requisitos tiene como objetivo meramente la eficiencia operativa y el cumplimiento de la ley federal.
La controversia se intensifica aún más con una moción de emergencia presentada por una coalición de grupos de derechos de voto, pidiendo a los tribunales que refuercen la prohibición impuesta por las órdenes judiciales y eviten que USPS implemente la regla inminentemente. Aunque USPS ha indicado que no procederá con la aplicación de la regla para las elecciones de 2026, los demandantes advierten que la inmediatez de su efectividad podría crear confusión antes de las elecciones intermedias de noviembre. La lucha entre las medidas administrativas y la protección de los derechos de los votantes sigue siendo central en la discusión política y legal actual.
