El expresidente Donald Trump está considerando retirar su demanda de 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a cambio de que el gobierno establezca un fondo de 1.7 mil millones de dólares destinado a compensar a sus aliados políticos. Esta noticia fue reportada inicialmente por el New York Times, que sugiere que el acuerdo podría beneficiar a aquellas personas que se han sentido atacadas injustamente por la actual Administración Biden. El sistema legal, según estos aliados, ha sido utilizado como una «arma» en su contra, especialmente en el contexto de los eventos relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021, donde alrededor de 1,600 personas han enfrentado cargos relacionados con el incidente.
Además del fondo destinado a compensar a sus aliados, se informa que Trump buscaría resolver su reclamación de 230 millones de dólares contra el Departamento de Justicia por la búsqueda realizada en 2022 en su propiedad de Mar-a-Lago y la investigación sobre la posibilidad de vínculos entre su campaña y el gobierno ruso. Estas acciones reflejan no solo la intención de Trump de mitigar las repercusiones legales en su contra, sino también de establecer un precedente para el tratamiento de sus aliados que se consideran víctimas del sistema judicial bajo la administración actual.
Como parte de este hipotético acuerdo, Trump exigiría una disculpa pública del IRS por la filtración de sus registros financieros personales. Dicha divulgación habría permitido a un empleado del IRS, considerado «rebelde y motivado políticamente», compartir ilegalmente información sensible con medios de comunicación como el New York Times y ProPublica. Los representantes legales de Trump han tenido una postura firme, indicando que el expresidente sigue decidido a responsabilizar a quienes considera que han dañado a América y a sus ciudadanos.
El modelo que podría seguir el Departamento de Justicia para crear este fondo se inspira en el acuerdo de 760 millones de dólares de la demanda colectiva Keepseagle v. Vilsack, que se resolvió en 2011 y que abordaba la discriminación hacia agricultores nativos americanos por parte del Departamento de Agricultura de EE. UU. Este antecedente sugiere que el gobierno podría encontrar un marco legal para implementar el fondo propuesto por Trump, sin embargo, las repercusiones éticas y legales de tal acción son objeto de intenso debate.
La posible creación de este fondo ha provocado reacciones negativas entre funcionarios gubernamentales y analistas políticos. Muchos critican la idea de que el expresidente pueda recibir fondos estatales y tener la facultad de distribuirlos a sus aliados. La senadora Elizabeth Warren ha calificado esta maniobra de «un nivel de corrupción insano, incluso para Trump», reflejando la preocupación generalizada por la ética en el manejo de recursos públicos y la influencia del exmandatario en el gobierno actual. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia, por su parte, no han emitido comentarios oficiales sobre el asunto.
